Bolivia: Paz acusa a Evo y despliega a los militares para sofocar las protestas

Por Cecilio Panella

El gobierno boliviano decretó el estado de excepción para prohibir las protestas y los cortes de rutas que comenzaron hace siete semanas, encabezados por movimientos sociales y sindicales.

En ese marco, el presidente derechista Rodrigo Paz logró el viernes pasado un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), quebrando así el frente sindical.

Por su parte, el sindicato campesino-indígena Túpac Katari, que lideró los bloqueos a La Paz, ordenó el repliegue tras el estado de excepción; mientras los seguidores del expresidente Evo Morales desafiaron la medida y son los únicos que aún mantienen la protesta.

Los cortes de ruta en la región cocalera del Chapare ocurren en el tercer día de vigencia del estado de excepción.

En las últimas horas, decenas de uniformados llegaron al pequeño poblado a Llavini, en Cochabamba, para liberar una ruta vital que conecta con las ciudades de La Paz y El Alto.

En ese bastión de Morales se reportaron los primeros incidentes desde la puesta en vigencia del estado de excepción.

Las demandas iniciales, de carácter sectorial y salarial, han escalado hasta exigir la dimisión de Paz, en medio de la peor crisis económica que enfrenta Bolivia en cuatro décadas. 

Eso provocó que las ciudades de La Paz y El Alto quedaran sumergidas en una fuerte carestía de combustibles, alimentos y medicinas a raíz de los cortes de rutas.

Acuerdo con la COB

El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y la COB establece, entre otros puntos, que el Gobierno no avanzará con la privatización de empresas públicas, uno de los principales reclamos sindicales. 

Además, prevé la creación de mesas de trabajo integradas por ministros y dirigentes gremiales para analizar las demandas del movimiento obrero.

Mario Argollo, líder de la COB, explicó que el Gobierno tendrá un plazo de 90 días para avanzar en los compromisos asumidos y advirtió que el cumplimiento efectivo de esos puntos será determinante para sostener la paz social.

“Hemos decidido reforzar los bloqueos de carreteras”, declaró por su lado Antonio Mallku, uno de los líderes sindicales que continúa con las protestas. 

Según afirmó, “nuestros hermanos indígenas se sintieron traicionados” por el pacto firmado entre el Gobierno y la COB.

La cuestión económica

Según la Administradora Boliviana de Carreteras, se mantienen 12 cortes de ruta en el Chapare, una zona vital que conecta el occidente con la región productora de alimentos de Santa Cruz de la Sierra en el oriente. 

Más de diez personas han fallecido durante el conflicto, principalmente por la falta de asistencia médica debido a los cortes de ruta, según el Defensor del Pueblo. 

El comercio exterior e interno se ha paralizado, con pérdidas que superan los 2.500 millones de dólares, según el sector empresarial. 

Por su parte, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, anticipó que el gobierno está preparando un plan de reconstrucción económica, como exigen los sectores productivos afectados, y reprogramaciones de deudas con los bancos, aunque advirtió que será un proceso complejo.

Paz vs. Evo

El presidente Paz ha recibido un fuerte apoyo político de Estados Unidos y gobiernos conservadores de la región.

Además, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó al mandatario, tras una reunión en Panamá con el canciller boliviano, Fernando Aramayo.

“Apoyamos al gobierno electo constitucionalmente de Bolivia sencillamente porque no podemos apoyar ningún tipo de quiebre del orden constitucional“, dijo Ramdin.

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A todo esto, Evo Morales aseguró que el estado de excepción ha fracasado, y dijo que los movilizados se estaban replegando por cansancio.

Tras rechazar esa medida alertó sobre una posible intervención policial en la región de Chapare, donde se ha refugiado después de ser acusado con pedido de captura de delitos sexuales que él niega y atribuye al lawfare.

“Si la policía es rebasada y empieza a tirar gases vamos a resistir porque esto ya es demasiado. Nosotros somos respetuosos, pero esta ley de excepción le da a la policía licencia para matar”, señaló.

El gobierno boliviano culpa a Morales de liderar las protestas, de recibir respaldo financiero del narcotráfico, sin exhibir pruebas, y no descarta su captura.

Morales aseguró que “lo tratan de implicar” con el tráfico de drogas “por instrucción de Estados Unidos” y que “el gobierno (es) un tonto útil” de ese país.

Evo advirtió que no descarta su arresto y que Paz lo entregue a Estados Unidos.-

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